Un fallo reciente de un tribunal federal de apelaciones ha revivido una polémica orden ejecutiva del presidente Donald Trump que afecta directamente a los trabajadores del gobierno federal. Esta decisión afecta a empleados federales en más de 30 agencias y oficinas gubernamentales.
Entre los más perjudicados por la medida del jefe republicano se encuentran aquellos pertenecientes al Departamento del Tesoro, Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, Departamento del Estado y Departamento de Asuntos de Veteranos. El Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU), que representa a trabajadores de muchas de estas agencias, había demandado al gobierno para detener la medida.
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¿En qué consiste la orden de Donald Trump de eliminar derechos sindicales?
Según The Washington Post, la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo busca excluir a un amplio número de agencias federales de las protecciones laborales que permiten a sus trabajadores organizarse y negociar colectivamente. Amparándose en razones de seguridad nacional, la administración argumentó que estas protecciones no podían aplicarse de forma compatible con las funciones de ciertas oficinas gubernamentales. La medida afectaría a aproximadamente dos tercios de toda la fuerza laboral federal.
Inicialmente, un juez federal había bloqueado la implementación de esta orden como parte de la demanda interpuesta por el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU). Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia anuló ese bloqueo, con una votación dividida 2 a 1. Los jueces conservadores señalaron que no se demostró que el sindicato sufriría un “daño irreparable” mientras avanzaba el litigio.
¿Qué otras medidas similares ha tomado Trump anteriormente?
Durante su presidencia, Donald Trump adoptó varias acciones destinadas a reducir el tamaño y la influencia de la burocracia federal. Emitió múltiples órdenes ejecutivas para debilitar la estructura sindical dentro del gobierno y facilitar el despido de empleados públicos.
Estas iniciativas han sido constantemente impugnadas en tribunales por distintos sindicatos. Uno de los argumentos recurrentes de la administración Trump fue el uso de la “seguridad nacional” como justificación para limitar los derechos laborales, incluso en agencias que no están directamente relacionadas con inteligencia o defensa, según alegan los demandantes.