Durante la administración de Donald Trump, las políticas migratorias en los Estados Unidos sufrieron un endurecimiento considerable. A través de un aumento en los operativos de inmigración, el gobierno de ese entonces no solo enfocó sus esfuerzos en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, sino también en aquellos con un estatus migratorio regular, como los residentes permanentes y titulares de visas. A pesar de que la expulsión de estas personas requiere un proceso legal, las autoridades pueden detenerlas y deportarlas si cumplen con ciertos criterios establecidos por la normativa vigente.
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Así es el proceso de deportación
Los residentes permanentes legales, quienes poseen una tarjeta verde, pueden ser deportados si incurren en una serie de causales específicas detalladas en el Título 8 del Código de Estados Unidos. Entre las razones más graves para la deportación se incluyen condenas por delitos graves como homicidio, agresión sexual y narcotráfico, así como fraude migratorio o el uso de documentos falsificados. También se consideran causas de deportación la pérdida del estatus de residente condicional por no cumplir con los requisitos exigidos, la participación en actividades que representen una amenaza para la seguridad nacional o la vinculación con grupos terroristas o extremistas.
El proceso legal para la deportación de residentes permanentes y titulares de visas consta de varias fases. Una vez que se emite una orden de expulsión, el gobierno notifica al individuo con una Notificación de Comparación (NTA), que detalla los cargos en su contra. La primera fase del procedimiento es una audiencia preliminar en la que el inmigrante es informado sobre los cargos. Posteriormente, se lleva a cabo una audiencia de mérito donde ambas partes presentan sus pruebas ante un juez. Finalmente, el juez toma una decisión sobre la deportación, aunque el afectado tiene la opción de apelar si el fallo es desfavorable.
En cuanto a los titulares de visas, el procedimiento difiere, especialmente en los aeropuertos y fronteras. En estos casos, los agentes de aduanas tienen la autoridad de negar la entrada al país sin necesidad de presentar pruebas ante un tribunal. Este procedimiento expone a los visitantes a un mayor riesgo de deportación inmediata, sin las garantías procesales que tendrían los residentes permanentes.
Las políticas migratorias implementadas bajo la administración Trump fueron fuertemente criticadas por organizaciones de derechos civiles como la ACLU. Estas entidades denunciaron el uso discrecional de las leyes migratorias para deportar a personas sin antecedentes penales graves. Además, se cuestionó la vulneración de derechos constitucionales, como la Primera Enmienda, ya que algunos arrestos y deportaciones parecían estar motivados por posturas políticas o participación en manifestaciones.
Por su parte, las autoridades migratorias defendieron estas políticas argumentando que se trataba de una respuesta a los intereses de seguridad nacional y un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria. Sin embargo, estas medidas también intensificaron las detenciones y expulsiones, lo que ha generado un clima de incertidumbre y temor entre aquellos con estatus migratorio regular, quienes ahora enfrentan un proceso complicado y prolongado que puede durar meses o incluso años.