El proyecto de ley SB 1205, el cual ha sido propuesto recientemente en Texas, ha generado un intenso debate debido a sus implicaciones sobre los servicios públicos accesibles para los inmigrantes sin estatus migratorio legal.
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La medida ha generado gran polémica debido a que, en caso de ser aprobada, esta legislación limitaría significativamente el acceso a una serie de servicios esenciales, lo que afectaría a miles de familias en el estado. En la siguiente nota, te contamos cuáles son los servicios que quedarían fuera de su alcance.
Los 4 servicios a los que los inmigrantes no podrán acceder
Dentro de las principales restricciones que impondría la SB1205 se encuentran:
- Educación pública: Los estudiantes indocumentados perderían el derecho a la educación gratuita en las escuelas públicas, y los distritos escolares tendrían que cobrarles una matrícula equivalente al costo promedio por alumno.
- Universidades públicas: Los estudiantes sin estatus legal perderían el acceso a tarifas de matrícula reducidas, beneficiando solo a aquellos con presencia legal en el país.
- Asistencia social y subsidio: Programas de apoyo económico, incluyendo aquellos relacionados con vivienda y servicios básicos, quedarán fuera del alcance de los inmigrantes indocumentados. También se registraría el acceso a subsidios de salud, a excepción de emergencias médicas cubiertas por Medicaid.
- Otros beneficios estatales: Servicios como alimentaria o subsidios energéticos también quedarían restringidos.
Si el proyecto de ley es aprobado, su entrada en vigor podría ser inmediata o empezar el 1 de septiembre de 2025, dependiendo del respaldo legislativo que obtenga. Este cambio posicionaría a Texas entre los estados con políticas migratorias más restrictivas, afectando gravemente a las comunidades inmigrantes que dependen de estos servicios para su bienestar diario.
¿De qué trata dicho proyecto?
El proyecto, el cual podría entrar en vigor próximamente, busca modificar el Código de Educación de Texas y otras normativas estatales, los cuales prohibirían el uso de fondos públicos para financiar servicios destinados a personas sin un estatus migratorio regularizado.