Las deportaciones masivas de Donald Trump podrían desestabilizar las economías locales y comunidades enteras. Con su regreso a la presidencia, el futuro mandatario de Estados Unidos ha vuelto a poner sobre la mesa su controvertido plan de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. En esta nota te comentamos qué regiones estarían más vulnerables a esta política migratoria.
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Alerta, inmigrante: Las ciudades de EE.UU que se ven más amenazadas ante las deportaciones de Trump
Las principales ciudades afectadas por las políticas de deportación de Trump serían las más urbanizadas. Un análisis del Departamento de Seguridad Nacional revela que la mitad de los inmigrantes indocumentados vive en solo 34 condados, con Los Ángeles, Harris (Houston) y Dallas a la cabeza.
En algunas de estas ciudades, los inmigrantes representan hasta el 10% de la población, lo que podría generar tensiones económicas y sociales. Además, otros grupos vulnerables como los beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) y los titulares de DACA también enfrentarían consecuencias graves. Con esto en mente, la cantidad de inmigrantes deportados sería severa.
Asimismo, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 72% de los inmigrantes indocumentados residen en solo 11 estados, siendo California, Texas y Florida los más afectados. El primero lidera con 2.6 millones de inmigrantes indocumentados, mientras que el segundo cuenta con más de 2 millones. Estas áreas albergan comunidades que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.
Deportaciones masivas de Donald Trump: Preparativos locales frente al desafío
Ante la posibilidad de que estas políticas se implementen, las autoridades locales y estatales deberán tomar medidas para proteger sus economías y comunidades. Las acciones podrían incluir ayuda legal para inmigrantes, el refuerzo de estrategias de integración social y la creación de planes de comunicación para minimizar el impacto social. Las ciudades y estados tendrán que desempeñar un papel clave en mitigar las consecuencias económicas y sociales de estas medidas.