Con la reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los líderes de Los Ángeles han decidido intensificar sus esfuerzos para proteger a la comunidad migrante de la ciudad. Ante las promesas de deportaciones masivas por parte del republicano, la administración local ha acelerado el proceso para declarar oficialmente a la ciudad como un “santuario” para inmigrantes indocumentados.
En las últimas semanas, concejales y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su creciente preocupación por el impacto de las políticas migratorias de Trump en las comunidades locales. Como respuesta, la ciudad está trabajando para implementar nuevas medidas de protección, que incluyen la aceleración de una ley santuario diseñada para limitar la colaboración de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las detenciones y deportaciones.
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¿Qué significa ser una ciudad santuario?
Una ciudad santuario es una jurisdicción que, mediante legislación o políticas locales, limita la cooperación con las agencias federales de inmigración. Esto implica que las autoridades locales y la policía no participen en la detención ni en la deportación de inmigrantes indocumentados, lo que reduce significativamente el riesgo de deportación para estas comunidades.
En Los Ángeles, la iniciativa busca impedir que las agencias locales compartan información o bases de datos con ICE, y restringir el uso de recursos locales en la aplicación de leyes federales de inmigración. El concejal Hugo Soto-Martínez, uno de los principales promotores de esta medida, destacó en una entrevista con LA Times que la comunidad inmigrante se siente alarmada y dispuesta a actuar frente a las posibles deportaciones masivas bajo el mandato de Trump. “La gente está furiosa, está lista para defenderse, como lo hicimos en 2016”, comentó.
La propuesta de ciudad santuario en Los Ángeles
La moción para convertir a Los Ángeles en una ciudad santuario, inspirada en una ordenanza similar implementada en San Francisco, fue aprobada en 2023. Actualmente, está en proceso de revisión legal, pero los resultados de las elecciones presidenciales han impulsado a los líderes locales a acelerar su implementación, con la intención de que entre en vigor antes de que Trump asuma nuevamente la presidencia.
Además de limitar la colaboración con ICE, la propuesta busca fortalecer las protecciones para inmigrantes que enfrentan procedimientos legales complejos, como la provisión de servicios legales gratuitos y el aumento de programas de apoyo para aquellos en riesgo de ser deportados. Con estas medidas, Los Ángeles espera crear una red de apoyo que brinde seguridad a los residentes más vulnerables, especialmente ante la amenaza de deportación.