Los votantes de Arizona aprobaron una de las leyes migratorias más estrictas del país, que penaliza el cruce irregular de la frontera con México y otorga nuevas facultades migratorias a la policía, según informaron los medios locales. La Propuesta 314, que recibió el 63 % de los votos, autoriza a las fuerzas de seguridad a arrestar a migrantes indocumentados y aplicar leyes federales sobre inmigración.
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Arizona aprueba ley que criminaliza a los migrantes
Esta ley otorga inmunidad a los departamentos de policía frente a demandas mientras implementan esta legislación y permite que los jueces estatales (no los de inmigración) emitan órdenes de deportación. También establece penalizaciones para los migrantes indocumentados que presenten documentos falsos para obtener beneficios públicos o conseguir empleo.
La legislación obliga a las agencias gubernamentales encargadas de estos beneficios a verificar la información de los solicitantes a través del sistema federal E-Verify. Además, la propuesta contempla castigos más severos para quienes trafiquen con fentanilo, especialmente si su acción resulta en una muerte.
Arizona cierra aún más el cerco a los migrantes
Grupos a favor de los derechos civiles y de la inmigración han comparado esta medida con la controvertida ley estatal SB1070, que se implementó en 2010. Esta ley, que desató protestas, demandas legales y un boicot económico contra Arizona, permitió a la policía cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso por infracciones menores como el tráfico. Aunque la SB1070 sigue en vigor, exige que la policía contacte a las autoridades de inmigración para procesar a los detenidos.
La Propuesta 314 va más allá, ya que otorga a la policía la capacidad no solo de interrogar, sino de arrestar y detener a quienes sospechen de haber cruzado la frontera de manera irregular. La medida ha sido fuertemente criticada, incluso por algunos departamentos de policía en Arizona, debido a que, aunque se busca abordar el problema de la inmigración indocumentada, no se asignan los fondos necesarios para su implementación.