¡Atención, inmigrantes! Donald Trump ha anunciado su intención de utilizar una norma del año 1798 para llevar a cabo las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, incluso con aquellos que tengan la documentación en regla. En esta nota de Líbero, te explicaremos en qué consiste la Ley de Enemigos Extranjeros y por qué su aplicación podría ocasionar ciertas complicaciones.
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¿Qué se sabe de la Ley de Enemigos Extranjeros y que Trump invocará para deportar?
A solo unas semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump ha intensificado su posición antiinmigrante. El candidato republicano no pudo evitar hacer público su plan de llevar a cabo la llamada Operación Aurora en caso de resultar victorioso en las elecciones, con el objetivo de llevar a cabo deportaciones masivas. ¿Qué se sabe de la Ley de Enemigos Extranjeros?
La Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), promulgada en 1798, fue invocada por Trump como una normativa responsable de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país americano. Vale mencionar que, en caso de resultar victorioso en las elecciones, él tiene previsto llevar a cabo la estrategia para realizar las expulsiones masivas de inmigrantes sin documentos, sin garantizarles un proceso legal adecuado.
Asimismo, es bueno recordar que, durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente demócrata Franklin D. Roosevelt utilizó esta ley para detener y encarcelar a familias completas de inmigrantes de origen italiano, alemán y principalmente japonés.
¿Podría llevarse a cabo la Ley de Enemigos Extranjeros en su posible mandato?
La ambición de Trump, para atención de los inmigrantes, podría encontrar obstáculos legales. Según la ley, en caso de una guerra declarada entre Estados Unidos y otra nación, el presidente puede detener, retener y expulsar a los ciudadanos de ese país que se encuentren en territorio estadounidense y no estén naturalizados.
No obstante, la Operación Aurora de Trump no se ajusta a esta ley, ya que la presencia de inmigrantes indocumentados y aquellos con antecedentes penales no está relacionada con una guerra declarada o una invasión extranjera. A pesar de la retórica xenófoba, no hay un fundamento legal para esta acción.