Entre ayer y hoy el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) está viendo en su sede de Lausana (Suiza) el caso de Marta Domínguez por las anomalías en su pasaporte biólogico. Allí se encuentra su abogado, José Rodríguez, pero no ella. La exatleta ocupó ayer su escaño en el Senado por Palencia, que ostenta desde 2011 .
No apareció en el hemiciclo hasta la primera votación, una hora después de que arrancara el pleno (16:00). Apenas estuvo unos minutos, lo justo para ejercer su voto y volver a desaparecer por una de las puertas de la sala, hablando por el móvil. Operación que volvió a realizar en la segunda votación, tras la cual la senadora del PP no quiso hacer ningún tipo de declaración a este medio. Se limitó a negar con la cabeza y a seguir muy pendiente de su teléfono.
Su caso se encuentra en el terreno que quiso evitar a toda costa, un TAS donde los casos basados en el pasaporte biológico siempre se han resuelto en contra del deportista. Allí sólo se juzga la validez de la absolución que logró por parte de la Federación Española de Atletismo (RFEA) y a la que la Federación Internacional (IAAF) recurrió hasta llevar el caso al estado actual. Se piden cuatro años de sanción y la anulación de resultados como el oro mundial en 3.000 obstáculos de 2009 o la plata europea del año siguiente, fechas que coinciden con los valores anómalos de su pasaporte. La defensa, además de considerar el caso prejuzgado, se basa en poner en duda el pasaporte biológico por medio de informes, entre los que se incluye uno alegando que la palentina sufre de hipotiroidismo, lo que sirvió al ciclista Roman Kreuziger para que retiraran los recursos contra él. En definitiva, poner en relieve un presunto margen de error del método.
La Haya. IAAF y AMA, por medio de peritos entre los que se incluye Olaf Schumacher (uno de los padres de este método, que participó en la Operación Puerto) aseguran que dichos errores están corregidos a la vez que los informes de la defensa, obsoletos. Si el TAS estuviera de acuerdo (fallo que se espera para finales de julio), la defensa de Marta no descarta acudir a la justicia ordinaria, siendo el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya su último recurso.