El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) verá entre hoy y mañana, en Lausana (Suiza), el caso de Marta Domínguez. Un territorio, el de la justicia deportiva, donde no quería verse la atleta palentina, porque considera más favorable la vía ordinaria de la justicia española. Un escenario, sin embargo, que anhelaban la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ya que los casos relativos al pasaporte biológico se han resuelto siempre en el TAS contra los deportistas desde que en 2011, en un laudo sobre el ciclista Pietro Caucchioli, lo consagró como “un medio fiable para detectar formas indirectas de dopaje”. El pasaporte registra los valores hematológicos del deportista y detecta posibles prácticas dopantes si hay alteraciones.
Absuelta. La atleta fue absuelta por la Federación Española (RFEA) en marzo del año pasado. La IAAF le había abierto expediente por valores anómalos en su pasaporte biológico, entre agosto de 2009 y enero de 2013, que serían indicio de dopaje sanguíneo (transfusiones o EPO). Piden cuatro años de sanción y la anulación de sus resultados, entre ellos el oro Mundial en 3.000 obstáculos en Berlín 2009 y la plata europea de Barcelona 2010. La vista se regirá por estas claves.
Competencia. La defensa de Marta, a cargo del exciclista José Rodríguez, ha batallado en los tribunales españoles para evitar el TAS desde el momento en que el escrito absolutorio de la Española recogió que el recurso debía presentarse “ante el Comité Español de Disciplina Deportiva” (ahora TAD), algo a lo que la IAAF ha hecho caso omiso al considerarlo un litigio internacional. Y el TAD siempre ha señalado la vía internacional en los recursos. Marta presentó una demanda de protección de derechos fundamentales en un tribunal de Palencia, que falló que cautelarmente la IAAF no podría hacer uso de sus datos médicos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en mayo de 2014, falló también a favor de la atleta, declarando competentes a los tribunales españoles. La Audiencia Nacional, en marzo de 2015, ratificó que debería ser el TAD quien juzgara el caso y que la Ley Antidopaje a aplicar sería la de 2006, en la que ni se cita el pasaporte como medio de prueba.
“Entendemos que el TAS no puede entrar a resolver este caso. Y eso es lo primero que deben tratar. Si lo hacen, estarán ignorando las decisiones de los tribunales españoles. Una federación internacional o el tribunal de arbitraje no pueden desconocer lo que está ocurriendo en un país”, se queja José Rodríguez.
Pasaporte y transparencia. Los expertos, entre las 20 muestras de Marta, encontraron cuatro valores indiciarios de dopaje, y los dos más altos coincidían con las competiciones de Berlín y Barcelona. La batalla de Marta se ha centrado en intentar tumbar la fiabilidad del pasaporte. Para ello aportó un informe del estadístico José María Peña, en el que se afirma que el error del pasaporte es 600 veces mayor. Pero la carta de la AMA ha sido argumentar que se introdujeron correcciones al método que lo han hecho del todo seguro. La defensa de Marta solicitó a la AMA el programa nuevo, y esta lo ha negado. “Su estudio es obsoleto”, afirma una fuente del antidopaje. Marta pidió que la audiencia fuera pública para intentar poner en evidencia estos aspectos, pero se le ha negado por lo que denuncian “falta de transparencia”.
Hipotiroidismo. El segundo informe de Marta viene avalado por el oncólogo Cristóbal Belda, que por medio del COE ha recibido financiación para un proyecto alternativo al pasaporte y basado en el rastro que dejaría el dopaje en las células. Belda apunta al hipotiroidismo como causa de las alteraciones. Según él, desde que comenzó a tratarlo en enero de 2012, los valores se estabilizan. También firmó el informe del ciclista Roman Kreuziger, que sufre hipotiroidismo, y AMA y UCI acaban de retirar sus recursos al TAS.
Jueces y plazo. El panel de arbitraje está compuesto por el luxemburgués Jacques Radoux (abogado y excapitán de Davis), la sueca Conny Jörneklint (fue miembro del panel arbitral de la IAAF) y el inglés Romano Subiotto, casado con una española y que intervino en los casos de Alejandro Valverde o Paquillo Fernández, que acabaron condenados. No hay plazo de resolución, que puede irse hasta después del verano.