Es indiscutible que el ingreso de recursos para el fútbol, por la transmisión de TV en todos los formatos –desde un smartphone, computadora, tablet, o pantalla en circuito cerrado, para mercados propios y ajenos–, ha generado beneficios al balompié y a su organización.
Los primeros movimientos para conseguir recursos se dieron en el 2004, con el fracasado Canal del Fútbol con la empresa argentina Full Play, pero en el segundo intento Luis Chiriboga, aliándose con el Gobierno Nacional –el 6 de enero de 2012– consiguió la autorización del Congreso Ordinario de Fútbol y es así que el dinero ofrecido a clubes y asociaciones circulaba normalmente, en el reparto que diseñaba el presidente de la FEF de ese entonces.
Hasta que se dio lo que se sospechaba. En el 2015 los canales del Estado empezaron a incumplir (con los pagos) y como se dieron cuenta de la presión de la prensa por las reiteradas quejas de los equipos y de la propia Ecuafútbol, buscaron sacarse de encima el compromiso revendiendo los derechos, situación que no se dio. La caída fue evidente. Todo aquello que el Gobierno de ese entonces calculó como autoinversión publicitaria política se derrumbó. Los que diseñaron el fútbol gratuito, con otro propósito que no sea el de autopromocionarse, fracasaron y golpearon al fútbol profesional ecuatoriano.
Con esta amarga experiencia, las autoridades del balompié de nuestro país y sobre todo varios dirigentes de equipos importantes, como Esteban Paz y Francisco Egas, hicieron gestiones para tocar las puertas de operadores de televisión que desearan invertir en nuestro fútbol, tales como la del magnate mexicano Carlos Slim, la firma francesa Lagarde, Fox Sports y a GolTV del uruguayo Paco Casal. Todos nos enteramos por boletines de prensa que a finales del 2016 se realizó el concurso al que habían presentado ofertas cuatro firmas internacionales, entre las que figuraban Servinsky, Bin Sports-Directv, GolTV y Lagarde. Como ya es conocido la FEF anunció que GolTV era la mejor oferta, de $ 22 millones el primer año, más 5% anual cada año, más el 75% de la rentabilidad del negocio después de cubrir los $ 22 millones, más gastos de operación.
Es importante anotar dos elementos fundamentales en el ordenamiento de los hechos:
1) Todos los clubes, tanto de la serie A como de la B, se sentían satisfechos por los recursos que generarían los ingresos del nuevo operador, confiados los clubes que iba a existir puntualidad. Y con el agregado de incluir el factor de renta variable, en función a lo exponencial por el nivel de aceptación que debería tener la suscripción al formato PPV (pague por ver).
2) La falta de una comunicación oportuna y, sobre todo, no haber conformado veedurías nacidas del mismo fútbol generaron después de tanto tiempo un mar de confusiones con las consecuencias que hoy vivimos.
Quién iba a pensar que faltando tan pocos días para el inicio del campeonato nacional del 2018 se armara semejante entramado jurídico. Y más considerando que la FEF en noviembre del 2016 anunció que tras haber abierto un concurso para concesionar los derechos y servicios de transmisión –para televisión y los distintos medios electrónicos y digitales del torneo–, ya tenía la mejor oferta que provenía de la empresa uruguaya GolTV.
Eso significaba que se pasaba del tortuoso régimen en el manejo de los derechos de televisión por parte del Estado, que arribaba a nuestro país un nuevo grupo inversor con experiencia en estos trotes y que estaba dispuesto a invertir cifras nunca antes vistas en el fútbol ecuatoriano. Además, ofrecía seguridad, pago puntual para no sufrir las penurias económicas que habían soportado los clubes del balompié nacional por la morosidad de los canales incautados.
Si ese anuncio se lo hizo hace 15 meses, nos preguntamos ¿por qué recién en el 2018 se lo impugna por parte de terceros? ¿Por qué reconocidos políticos intervienen en un tema netamente futbolístico, entratándose de concurso de una institución calificada de derecho privado? Esas y otras interrogantes se han planteado en estas últimas semanas, al enterarnos cómo se iban sustentando los criterios jurídicos y deportivos de todos los actores en esta maraña de principios e intereses.
La intervención judicial no se detuvo porque la FIFA o la Conmebol enviaron sendas comunicaciones en las que consagraban la independencia de la FEF para tomar decisiones en sus asuntos sin injerencia de terceros. Al final, en dos instancias diversas, la justicia se pronunció: la FEF había violado derechos constitucionales como la seguridad e igualdad, invocados por los demandantes. El Tribunal de alzada conminó a la Federación a realizar un nuevo concurso como única manera para reparar la violación de los derechos antes invocados.
Mientras todo eso pasaba, el presidente Carlos Villacís opinó: “La justicia a veces no es justa”. A la FEF, como era obvio, no le quedó otra cosa que someterse a la orden judicial bajo protesta y convocar a un nuevo concurso, dentro de las condiciones y plazos impuestos por los jueces de la Corte Provincial del Guayas.
Es importante dejar constancia, desde el punto de vista legal, el precedente que pudiera dejar el fallo judicial; entratándose de contratos entre privados, se ha dejado abierta la puerta para que a través del derecho constitucional se influya en las decisiones de índole privado; en este caso deportivas o de cualquier ordenamiento societario. Los jueces decidieron aplicar el poderoso principio en el imperio del derecho, de la pirámide de Kelsen, y así sometió a cualquier criterio revestido de legalidad, con lo que intentaron ganar la causa los abogados de la FEF.
A estas alturas del camino me pregunto: ¿Quién paga los platos rotos? Tal vez el aficionado que se siente frustrado de no poder observar los partidos del campeonato, o nos olvidamos que los patrocinadores de los equipos son inversionistas publicitarios y quieren que sus marcas tengan la mayor exposición posible con la transmisión por TV. Y por supuesto, agréguense los negocios que colateralmente generan ingresos con la señal de TV, como bares, restaurantes, circuitos cerrados, etcétera.
Pero atención, que en todo esto hay un riesgo latente que el presidente de Emelec, Nassib Neme, lo advierte: “En los últimos años vi la legitimidad encima de la legalidad y se veía bonito, hasta que llegó la factura al país; cuidado y en este tema del fútbol pasa igual. El contrato con GolTV fija jurisdicciones en cortes de Estados Unidos, incluido el TAS, y la multa por rompimiento de contrato es de 94 millones de dólares, más daños y perjuicios. Esa factura no la pagará ni la FEF ni DirecTV, ni los politiqueros. Esa, al final, la pagarán los clubes”.
Y entonces al final ¿quién paga los platos rotos? Algún día lo sabremos. Cuando las aguas bajen de nivel tal vez nuevas caras se encargarán en contarnos qué mismo sucedió. Por el momento a todos los que nos gusta el fútbol nos han perjudicado por una maraña jurídica nunca antes vista, que deja precedentes. Y en eso hay que tener mucho cuidado. (O)
A todos los que nos gusta el fútbol nos han perjudicado por una maraña jurídica nunca antes vista, que deja precedentes. ¿Quién paga los platos rotos? Algún día lo sabremos.